La mejor captura pesquera: el Estado

Claudio Agostini

Claudio Agostini

Sin duda Chile tiene grandes ventajas naturales en la explotación de recursos pesqueros. Pero como los peces en el mar son un recurso de propiedad común, es necesaria la intervención reguladora del Estado para impedir la sobreexplotación y la eventual desaparición de los recursos. Si bien las regulaciones pesqueras en Chile han intentado generar una industria autosustentable, pero al mismo tiempo con libre entrada y competencia entre las empresas, no hay evidencia de que esto efectivamente haya ocurrido. Por un lado, el gobierno siempre cedió a las presiones para aumentar las cuotas máximas, con lo que el objetivo de no depredar los recursos y pescar sólo volumenes autosustentables no se cumplió. Por otro lado, el gobierno nunca licitó una fracción de la cuota pesquera global como permitía la ley, con lo que el objetivo de garantizar la libre entrada y tener competencia tampoco se cumplió. Desde el año 2001 hasta ahora, no han ingresado nuevos actores al sector y las empresas existentes han disfrutado las rentas que se generaron al asignar cuotas en base a la historia. Hoy tenemos una industria altamente concentrada tanto en la extracción de las principales especies como en la producción de harina y aceite de pescado.

Así las cosas, a las empresas pesqueras lo mejor que les podría pasar es que las cuotas de pesca se renovaran nuevamente en base a derechos históricos y ojalá a perpetuidad. Sin embargo, en abril de este año el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, anunció que el gobierno usaría las atribuciones de la ley del año 1991 para licitar las cuotas de pesca que se vencen en 2012. Esta era una muy buena noticia para Chile, la asignación de las cuotas de pesca mediante licitación no sólo reduce barreras a la entrada y permite la potencial entrada de nuevos competidores en el mercado, los cuales pueden ser más eficientes que los actuales participantes, sino que además garantiza la eficiencia productiva en el sector.

Por supuesto, la noticia no era tan buena para los afectados, quienes se opusieron fuertemente a la medida usando los argumentos que siempre surgen cuando se toca a un grupo de interés en Chile: va a afectar el empleo y la inversión y además es expropiatorio.

Las presiones y el lobby de la industria resultaron ser bastante efectivos y el nuevo ministro de Economía, Pablo Longueira, echó atrás la decisión de licitar y propuso una nueva forma de repartir las cuotas de pesca, consistente en que los actuales actores del sector -industriales y artesanales- acordaran entre ellos cómo repartirse los recursos pesqueros. Para incentivar el éxito de esta nueva forma de repartir, señaló que si los actores involucrados llegaban a un acuerdo dejaría sin efecto la licitación de cuotas. Es así como se alcanzó un acuerdo entre todas las empresas de la industria, incluyendo al sector artesanal, que de ser ratificado en el Congreso evitaría la licitación de las cuotas de pesca.

En opinión del ministro, esto es “un acuerdo histórico y que esta noche han dado una gran lección a Chile”. Sin duda esto es histórico, es primera vez que el Estado sienta en una mesa a todas las empresas que supuestamente compiten en un mercado y las insta a llegar un acuerdo para repartirse el mercado. Eso a los ojos de un economista se llama colusión y el Estado debe luchar contra ella, no incentivarla, y menos aún auspiciarla. También es cierto que esto es una gran lección para Chile. Es una lección de lo que el Estado no debe hacer, que es proteger el interés de unos pocos a costa de todos. Es también una lección de que tenemos en Chile grupos de presión poderosos que el estado no es capaz de combatir. Sin duda, dos lecciones que no podemos ni debemos olvidar para que nunca más se repitan.

Sorprendentemente, el ministro anunció estos días que sí iba a haber licitaciones a pesar del acuerdo. No es clara cómo se pueden compatibilizar ambas cosas, pero al parecer aún es tiempo de aprender la lección y enmendar el rumbo. Ojalá ese sea el caso.